viernes, julio 05, 2013

nada nuevo en este panorama

Hace unos años escribí sobre los pocos casos que llegan a tramitarse con efectividad ante el sistema de justicia, esto es: investigación, procesamiento y sanción (o absolución) de hechos criminales (sus responsables). y que esta reflejada en esta entrada "El embudo...": y esta otra: Ignominia Ejecutiva


Años después leo esta nota: Menos de 1%.. y que cólera que de tanto Fiscal General que pasa, nuevas donaciones de equipo, de plata (desde la cooperación internacional), reforma penal (en el 2011, entró en vigencia unas nuevas reformas procesales penales!)  y el BID dice mas de lo mismo.

Ya estamos hartos!!

 (transcribo la nota):

El Salvador parece ser el paraíso de la impunidad judicial: sólo el 35 por ciento de los delitos —un poco más de un tercio de los ilícitos que se cometen en todo el territorio nacional— llega a los tribunales de justicia.
Estos datos se desprenden de una investigación que el Banco Mundial realizó entre junio de 2011 y marzo de 2012, y que fue presentado a las diversas autoridades en el país. Es el último informe en esta área del organismo.
La investigación del ente financiero, cuyo enfoque fue el costo de la inseguridad, está fundamentado en las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía correspondientes al año 2009.
El estudio estableció que de los 119,797 delitos que ingresaron al sistema de justicia en el periodo de estudio sólo el 13 por ciento reunió las condiciones necesarias para seguir a la siguiente etapa del proceso judicial, la fase de instrucción.
Este porcentaje se queda corto una vez se completa la etapa de la investigación fiscal. En el 1.87 por ciento de los casos (un total de 6,486) fue a juicio.
El embudo de la justicia se vuelve aún más cerrado al final del proceso, pues menos del uno por ciento (0.9 por ciento) se resuelve en una sentencia.
Estos resultados llevan a los expertos del Banco Mundial a presentar una serie de consideraciones sobre las autoridades de justicia, al tiempo que brindan información que podría ayudar a los funcionarios a diseñar nuevas estrategias para combatir y reducir la criminalidad y la delincuencia en el país.
"En este tema las soluciones son complejas, tienen que ser hechas a la medida de cada país, por eso nuestro papel es de facilitación y apoyo en el proceso", dijo el director del Banco Mundial para Centroamérica, Carlos Felipe Jaramillo.
A criterio de los especialistas, cada país debe crear e implementar sus propias estrategias a su medida.
"El tema de la seguridad y la criminalidad se ha vuelto un obstáculo crítico al desarrollo económico y social de El Salvador y también de algunos países vecinos", afirmó Jaramillo. Y agregó: "Es un tema que no tiene soluciones fáciles ni rápidas; tampoco hay recetas internacionales que sean fácilmente copiadas".
El estudio establece que "el número de jueces, fiscales y defensores es de los más altos en Centroamérica, pero no basta con su representación". Se requiere de mayor coordinación entre policía y fiscales, y de más capacitación para documentar mejor los casos y ganarlos en juicio.
Falta de estrategias
"De nada sirven los esfuerzos aislados en un área particular", sostiene el estudio. "Lo importante es una estrategia integral, coordinada y consensuada a efecto de utilizar el presupuesto de la manera más eficiente".
El jefe de la comisión legislativa de Seguridad y combate a la Narcoactividad, José Antonio Almendáriz, dijo que para que más imputados sean condenados se está haciendo un trabajo de contraloría.
"Yo he propuesto pedir a la Policía las estadísticas de capturas en flagrancia, orden administrativa (Fiscalía) y orden judicial. Hasta que llegó el exministro David Munguía Payés nos entregaron esas estadísticas", dijo.
"Cuando se las estuvimos pidiendo a la Fiscalía, nunca nos la dio. Se solicitaba: cuántas personas constituían un caso, cuándo se decretó detención, cuántos salieron en libertad, y qué tribunales a menudo los dejan en libertad, a pesar de que la Fiscalía y Policía llenaban los elementos de prueba para decretarles detención", dijo Almendáriz.
Agregó que el actual fiscal general, Luis Martínez, ha actualizado el programa informático con el cual se registra esta información y ha prometido dar a los diputados las estadísticas solicitadas.
Almendáriz manifestó que con esa información se van a ir a la Corte Suprema de Justicia para exponer cuáles tribunales están dejando libre a los delincuentes y pedirán determinar qué mecanismo de control tienen sobre la labor judicial de dichos juzgados.
"De esa manera vamos a detectar dónde están las fallas, porque de qué sirve que la Policía capture a los delincuentes si la Fiscalía no tiene el suficiente personal o medios para hacer de esas capturas un caso, y de qué sirve que ambas instituciones hagan bien su trabajo si los tribunales están actuando mal", argumentó Almendáriz.
Por su parte, los ejecutivos del Banco Mundial señalan que el país destina un presupuesto muy bajo para la investigación y persecución del delito, comparado con otras tareas de justicia y seguridad.
Sin embargo, Cáceres afirmó que en este gobierno, el gasto de la seguridad pública se ha duplicado en los últimos 12 años, es decir se incrementó de 336 millones en 2001 a 619 millones en el 2012.
Dijo, además, que El Salvador es el país en la región que más dinero destina en seguridad y justicia, con un 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (producción de bienes y servicios durante un año).
Según el estudio, una de las recomendaciones para reforzar la plataforma de inteligencia es no abusar de la prueba testimonial en los procesos judiciales, la cual representa el 60 por ciento del soporte de los argumentos contra los delincuentes en los procesos judiciales. A juicio del Banco Mundial se debe cambiar de estrategia y recurrir más a la prueba científica.
El estudio hace un llamado de atención por el hecho de que gran cantidad de procesos termina en sobreseimiento por el vencimiento de plazos, que es de dos años en el país.
Esto implica que si un reo no es sentenciado en un máximo de dos años, los jueces podrían cambiar la detención por prisión, por otras medidas, como el arresto domiciliar o aplicación de prohibiciones. A esto se suma que "no hay sistema de alertas y seguimiento efectivo de casos", según el Banco Mundial.
Crimen organizado
Sin embargo, los expertos del Banco Mundial reconocen el esfuerzo que el país ha hecho por crear las instancias necesarias para investigar los delitos que son catalogados de crimen organizado y de realización compleja. Se refieren a los tribunales Antimafia.
Sólo en el 2007, estos tribunales atendieron 4,774 casos, de los cuales 3,525 pasaron a juicio, lo que representó el 74 por ciento.
Irónicamente las deficiencias del sector justicia han contribuido a minimizar el impacto en el sistema penitenciario, que en la actualidad supera el 354 por ciento de sobrepoblación.
A raíz del auge de las pandillas y el incremento de los homicidios, extorsiones, amenazas y lesiones, las capturas se han intensificado. Según la Policía Nacional Civil, en el país se captura un promedio de entre 150 y 200 sujetos por día. Este incremento en los arrestos no sólo ha saturado los penales, sino también las bartolinas policiales.
Las bartolinas son para la detención inmediata, y la detención en ellas no debería superar los seis días, pero dada la sobrepoblación en las cárceles, la estancia de los detenidos en bartolinas llega a superar los seis meses.
El estudio del Banco Mundial refleja un alza escalonada de reos desde el 2006 en que había 12,509 internos, a 2011 cuando se registraron 25,460 reclusos.
Esta realidad convierte al sistema penitenciario salvadoreño (con el 354 por ciento de sobrepoblación), en el que más hacinamiento presenta en toda Centroamérica.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, aseguró que este gobierno busca la prevención del combate a la criminalidad y violencia social a través de la reversión de los índices de pobreza y vulnerabilidad social.
Este esfuerzo es materializado —dijo el ministro— mediante una extensa cobertura de programas sociales como Ciudad Mujer, Comunidades Solidarias y el Fondo de Salud y Educación.
Cáceres también enumeró una variedad de programas sociales y subsidios en áreas de salud, educación y agricultura, aunque sin explicar cómo estos programas previenen el crimen.


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