lunes, agosto 03, 2009

(Pat) ética gubernamental

Desde hace varios años diversos actores sociales y algunos medios de comunicación demandan la formulación y aprobación de una Ley de acceso a la Información. Obviamente, quienes están a favor de mantener la cosa pública como una caja negra de la que salen decisiones --a veces inexplicables e irracionales-- nunca dieron un paso para su elaboración. De ahí que sea entendible que frente a esto, las iniciativas (anteproyectos) mas serias hayan sido elaboradas desde la sociedad. Cito el ejemplo de Fusades, pues si bien el FMLN hizo una, lo presentó en el marco de la campaña cuando el proceso iniciado por los actores sociales ya habían adelantado mucho trecho en esta reflexión.

En el 2007 escribí un post al respecto al observar que con la visita de representantes de la SIP al país, los tres órganos de este Estado firmaron unos compromisos con el tema de liberdad de expresión (derecho que abarca el acceso a la información) y lo difícil que es requerir información publica en dos sentidos: que te entreguen oportunamente los datos y que estos sean útiles. Al final de cuentas uno se sujeta al "arbitrio" del funcionario que debe brindarla.

Alguna vez asistí a la presentación del Anteproyecto de Fusades y me parece una ley que recoge en términos jurídicos los principios propios a la naturaleza del derecho en comento. Lo único que no me pareció es la creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la información. Personalmente estoy convencida que una ley como ésta (que va a enfrentar la cultura del oscurantismo estatal) necesita de una institucionalidad encargada de hacerla efectiva, por las buenas o por las malas.

Desgraciadamente, este país produce leyes según la calentura del momento y no bajo criterios de economía presupuestaria, economía legislativa y más aún, bajo la lógica común. Por eso se crean instituciones y leyes especiales que al cabo de un año se reforman, o peor, se crean instancias paralelas.

Una ley que sancione a los funcionarios que no son transparentes y tutele los derechos de los ciudadanos debe estar bajo la competencia de un tribunal de derecho. Idealmente este Tribunal debería ser el de Ética ya existente. Eso si, reformulando muchas cosas. Debería ser un Tribunal que aplicaría dos legislaciones: la de ética y la de acceso a la información.

Vale la pena sentarse a evaluar el bajo perfil que este Tribunal tiene en materia de ética y reformularlo de cara a la necesidad de su efectividad en estas dos materias. Todo esto lo reconoce Lissette Kury de ese Tribunal en EDH.

En honor a la verdad, poco trascienden los casos que han pasado por ese tribunal y a veces han dado resoluciones muy....bueno, dejémosolo allí.

No creo que los diputados se den la tarea de:

Analizar la aplicación de la ley de ética y funcionamiento de su Tribunal para identificar las reformas que vuelvan esto factible.

Analizar una reformulación de los anteproyectos de la ley de acceso a la información

Crear una sola institucionalidad con dos competencias (con dos salas si se quiere pues: la de ética y la de transparencia).

al final saldremos cantando: un, dos, tres elefantes (blancos) se balanceaban...sobre la ...tela ...de una ...arañita.....bla bla.

¡que pat- ético!

2 comentarios:

El-Visitador dijo...

Je je.

Tribunal de Ética: crónica de una muerte anunciada

Aquellos salvadoreños quienes crean que con más burocracias se resolverán sus problemas, obtendrán más burócratas, más impuestos, y los mismos problemas de siempre.

¿Y ahora quieren inventarse un Instituto de Transparencia y Acceso? Insólito.

Ixquic* dijo...

a mi la verdad es que no me gusta inflar el estado porque si.

Pero no comentaste qué pensas sobre la necesidad o no de una ley o vaya, la existencia de normas y obligaciones expresas sobre el acceso a la información??

saludos,