domingo, mayo 13, 2007

Acceso a la información

La semana pasada los presidentes de los tres órganos de Estado firmaron la "Declaración de Chapultepec", una serie de compromisos con la libertad de expresión. La SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, realizó un taller para discutir el tema y uno de las principales conclusiones es la falta de una normativa que garantice el acceso a la información a ciudadanos y a periodistas.

Otra de las conclusiones fue lo concerniente a la despenalización de algunos delitos (calumnias, desacato y otros) que se han utilizado contra algunos comunicadores. También se señaló la necesidad de contar con el hábeas data.
Para mis ojos, resultó totalmente atractivo el hecho que, en este evento, se rescatara la voz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ha señalado que ningún estado puede alegar "secreto de Estado" para evitar las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos.
Excepto por lo de a Corte, las conclusiones no son innovadoras, las he leído y escuchado cientos de veces.
Pero rescato lo siguiente.
Políticamente fue evento muy bien trabajado. Por lo que leí, los participantes del taller son personas que -de estar comprometidas- podrían asumir y orientar cambios importantes, apoyos políticos pues. Además, fue astuto hacer que los tres órganos de Estado firmaran una declaración (que no es de carácter obligatorio) pero puede servir para el chantaje público.
Ahora bien, nada de eso es garantía. Por ejemplo, fijémonos en las decisiones que son legislativas: ley de acceso a la información (a la que Saca no es favorable), hábeas data, ley de ética, ley de transparencia, despenalización de delitos. Para mí esta es la agenda que los medios deben cabildear con los señores diputados. Ahora me voy a sentar a ver cómo lo logran (ojalá sepan que si no llevan las redacciones de artículos hechas..ni caso les van a hacer).
La recomendación que la SIP le hace al ejecutivo es muy interesante, en una carta le piden que solicite una Opinión Consultiva a la Corte IDH sobre la eliminación de los delitos señalados (contra el honor). Creo que esto sería bueno porque este mecanismo sirve para la interpretación de normas internacionales. Según leí, lo que se pretende es aclarar si estas conductas no deben ser delictivas, sino civiles (daños) y canalizarse de otra forma.
http://www.laprensagrafica.com/nacion/777579.asp
De todo lo que se publicó sólo encontré dos entrevistas que vale la pena rescatar, porque aportan más allá de decir que se necesita una ley..bla... Una de las entrevistas se le hizo a Francisco Bertrand Galindo y la otra a Lissette Kury de Mendoza. (más aporta el primero que la segunda).
Como buen político Galindo no contradice a su gobierno y señala que no es "estrictamente necesario" crear una ley de acceso a la información, pero sí conveniente. Personalmente, me gusta el análisis que hace este señor cuando señala que hace falta legislar por principios y no por "casos", así debería establecerse como principio general que "toda información es pública" y luego pasar a definir las excepciones. Además establecer los mecanismos operativos para facilitar esa información y para controlar a aquellos funcionarios que arbitrariamente la nieguen (el tema del control es un problema, porque no creo que haya que crear un nuevo ente).
Lizette Kury por su parte reaccionó ante la posibilidad de que este debate recayera en sus hombros y entonces hace la distinción entre una Ley de ética y una de acceso a la información. Y al igual que Galindo habla de contar con una regla general.
Personalmente, requiero información. Visito los portales de las instituciones estatales y lo cierto es que son pocos son útiles, se supone que la tecnología debería aportar en transparentar el Estado (el presupuesto, memoria de labores, gastos, contrataciones, casos, etc.) y para fomentar el gobierno en línea (servicios brindados por estos canales, como la presentación de la Renta). El portal que más pena me da es el la Asamblea Legislativa, el de la FGR, Gobernación. Otros son mejores, pero la información clave --la que me sirve para medir el cumplimiento de metas o funciones-- no está disponible o actualizada.
Entonces la pido personalmente y generalmente me la dan (unos tardan otros no). El problema surge a veces, por la forma en la que se organiza la información y resulta que para A o B no hay datos. Recientemente la Fiscalía me dio unos datos que necesitaba y me parece que hay una buena base de datos, ojalá sigan así porque por ratos se cierran.
Es así pues que, el acceso a la información depende de la voluntad de los funcionarios públicos, de la forma en la que organizan la que ellos producen. Hay que salir a buscarla y ampararse en el derecho de petición y respuesta (art. 18 de la Cn) y pelear hasta que se la den, o que te salgan con que segun la interpretación de su Ley, ellos no pueden dartela, o mejor esperar que caiga del cielo.
Entrevista con Bertrand Galindo:

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