de magistrados, sacadores y otros demonios....

El próximo siete de marzo abogados y abogadas iremos a las urnas para elegir 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una responsabilidad muy importante. Luego, en abril, el Consejo Nacional de la Judicatura debe elegir otros 15 candidatos para que en mayo/junio la Asamblea Legislativa elija –entre estos 30— a cinco nuevos magistrados de la Corte.


Ya he comentado sobre la importancia y el rol político de la Corte, situación que la hace presa del asedio de aquellos que temen que ésta afecte sus intereses o en todo caso no contradiga su conveniencia, en definitiva ¡pinches sacadores!


¿sacadores?? En la década de los setenta y ochenta del siglo pasado en los pasillos de los juzgados era común la figura de “El Sacador”, es decir, aquella persona litigante vinculada al juez, con la que era indispensable contar y agradar para obtener resoluciones favorables en los juicios. Si vos no conseguías comprar su favor, no tenías posibilidad de ganar. Era una corrupción terrible.


Actualmente esta figura ya no es visible dados algunos cambios generados en la administración de justicia salvadoreña. No obstante vale la pena preguntarse ¿Quiénes hacen de sacadores en la actualidad? Y para responder tal interrogante basta con poner atención a ese proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.


Este proceso implica en definitiva que el sector de abogados y el Consejo –como entes técnicos en las ciencias jurídicas— son los encargados de seleccionar candidaturas, dejándole a los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa la prerrogativa de elegir entre las propuestas.


Se trata de un diseño institucional realizado a partir de las reformas que trajeron consigo los Acuerdos de Paz y que buscaban la constitución y consolidación de un Órgano Judicial fuerte, imparcial y eficiente.


Pero como dice el dicho sabiamente ¡hecha la ley, hecha la trampa! La Corte Suprema de Justicia es por ahora todo lo contrario de lo que en el papel se aspiraba, aunque si bien hay avances.


Los nuevos “sacadores” de la justicia son los partidos políticos, en la medida que son éstos los que eligen como magistrados de la Corte a aquellos juristas de su preferencia basándose en el clientelismo y en la capacidad de “alinearse” a intereses que al orden del derecho, influyendo de esta forma la actividad judicial.


Hay tal desfachatez que algunos partidos incluso tienen presencia importante dentro de las gremiales de abogados de esta forma intervienen en el proceso de selección. Además, muchos diputados han reconocido públicamente la existencia de una composición de cuota partidaria de la Corte y desde allí las decisiones políticas que son controvertidas ante la justicia pueden ser salvaguardadas.


No hay que complicarse mucho para comprender que esta lógica vuelve inútil la independencia judicial que no sólo es un atributo del órgano de justicia sino un derecho humano tuyo.


Uno de los grandes triunfos de estos nuevos sacadores se concretó en la resurrección de dos partidos políticos de larga trayectoria que por ley debieron desaparecer tras los resultados de las elecciones presidenciales de 2004. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional --a través de una sentencia poco fundamentada-- ampararon a quienes les habían elegido.


Lo mismo ha sucedido cuando estos jueces han tenido en sus manos la oportunidad de corregir decisiones legislativas contrarias a los derechos humanos, pero en lugar de salvaguardarlos decidieron respaldar al poder político. Esto sucedió en abril del año pasado cuando la Corte declaró constitucional la decisión legislativa de incrementar las penas hasta 75 años de cárcel para determinados delitos como el homicidio y secuestro.


Esta decisión se tomó a pesar que la Constitución prohíbe expresamente las penas perpetuas. Para muchos jueces, el efecto práctico de la imposición de la máxima pena es precisamente su perpetuidad, pues muchos individuos no tienen la posibilidad vivir lo suficiente para recuperar su libertad, de ahí que muchos la inaplicaran. Esta decisión constituye un verdadero retroceso en las reformas realizadas después de la firma de los acuerdos de Chapultepec. 30 ó 35 años de cárcel son razonables.


ah! y que decir de caso Copa/taca!!


Estas cosas suceden mientras ciudadanos comunes solicitan amparos en sus casos y deben esperar años para resolver sus controversias. Cosas que suceden por falta de un “Sacador”.

Comentarios

Anónimo dijo…
"los nuevos sacadores" Genial. Perfecto
piyuK dijo…
30 ó 35 años de cárcel son razonables.
¿Razonable?, La pena es un mal ¿Cómo un mal puede tener un valor absoluto?, no tiene sentido imponer un mal en una sociedad que trata de evitar males. ¿Verdad? ¿cuál es la finalidad de la pena? Sino la prevención general y prevención especial (positivas y negativas) cabe acotar que el sistema penitenciario salvadoreño, no cumple con los mínimos para lograr los procesos de readaptación y reincersión, además considerando el nivel de vida que tenemos aún estas penas -30 ó 35 se vuelve perpetuas- para nadie es del desconocimiento que el sistema penitenciario esta en crisis, y que la pena privativa de libertad debe ser la ultima ratio. ¿Razonable?
De verdad que muy interesante tu post. Desconozco la realidad del sistema judicial salvadoreno, pero la dinamica que describes me es muy familiar (protagonismo del sector dirigente de los partidos politicos en la designacion de los magistrados a traves de cuotas clientelares, y decisiones judiciales tomadas de conformidad con tales nexos). Justamente de eso se trata mi trabajo de tesis doctoral, pero estudiado en otras realidades. Puedo pedir prestado el magnifico termino 'sacadores'?

Saludos!
ixquic* dijo…
Editor:

Podés tomar el término, muy coloquial en este país.

suerte con tu tesis!