lunes, junio 30, 2008

Día de la abogada

Abogado: "Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico" (DRAE). Advocatus de "ad auxilium vocatus", es decir, el llamado para auxiliar a otro.
Dicen que se celebra el 30 de junio como el día del abogado por ser la mitad del año, justo el medio, las mitades iguales en el tiempo etc. En lugar de celebrar, es mejor meditar.

En diciembre del año pasado una nota de periódico decía que en el país hay 21 mil abogados (más abogados que policías! --16 mil policías--). El número es significativo, es una másificación de esta profesión. Esa fuente, a su vez citaba que cada año se juramentan más o menos 1,500 abogados (promedio mensual de 200 a 300) y de estos, sólo 5,000 son notarios autorizados.

Habría que preguntarse:

¿la actividad fiscal, policial y judicial --sistema de justicia-- requiere de 21,000 abogados?
Si bien este es un país en el que las personas necesitan asesoría, apoyo, procuración para tener seguridad jurídica, solventar sus diferencias, hacer sus trámites, etc. Por ejemplo, en los juicios de familia una persona no se puede representar a si misma, por ley, debe contratar a un abogado. En penal, si querés una defensa decente, pagá. Uf! y en laboral mucho másss. En mercantil o civil también. Y sis es administrativo, con tanta arbitrariedad estatal, pues es lo mejor.

Pero ¿quién controla esta profesión? ah! la Corte Suprema de Justicia con una oficinita en San Salvador, la misma que nos autoriza y nos manda de tribunal en tribunal por toda la república pidiendo constancias (confidenciales). Una oficina para miles! Dice el magistrado Miguel Cardoza en la nota: "La saturación nos va a llevar primero a no poder controlarlos y cada vez más se va a ir desprestigiando el ejercicio de la profesión. Esta es una institución el cual requiere de credibilidad de la población", explicó.

Pero esa publicación me deja con una gran curiosidad. Guatemala es un país mucho más grande y poblado (doce millones) que este (cinco y pico millones), pero nosotros tenemos tres mil abogados mas con la mitad menos de población. Costa Rica tiene 12,000.

¿porqué somos tantos? ¿Cuantos se sancionan? ¿qué calidad de servicio damos? realmente procuramos el acceso a la justicia a las personas?

2 comentarios:

nelsons dijo...

NO SOLO AQUI: lee esto de Chile

Se ha vuelto a suscitar un debate acerca de la cantidad y la calidad de los abogados en nuestro país, así como de su formación ética y preparación profesional. Es un hecho que el número de profesionales del derecho ha aumentado de manera exponencial, y también que la formación de los mismos no es de excelencia, aun cuando no existen datos objetivos para medición de la calidad.

Nada se saca con rememorar nostálgicamente épocas pasadas, en que unos pocos abogados con muy buena preparación eran el crisol de una buena y proba judicatura, y los litigantes y asesores, muy buenos y eficaces auxiliares de la justicia. Entonces, sólo una, y más tarde dos universidades eran las únicas autorizadas para otorgar el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, necesario para obtener, luego de una práctica profesional, el título de abogado. Sin embargo, la pregunta válida es si antes existía una mejor y más accesible administración de justicia para los ciudadanos. Quizá puede haber sido una mejor justicia, pero también muchísimo menos accesible.

No tengo dudas de que la multiplicidad de facultades de Derecho existentes hoy en el país es un paso positivo: más jóvenes tendrán acceso a estudios superiores y, por ende, a mayores conocimientos y destrezas, con una posibilidad adicional para ganarse la vida. Por otra parte, una creciente oferta de servicios legales debe también traducirse en beneficio para la comunidad, ya que la demanda por ellos siempre ha sido mayor que la oferta.

Atendido que la administración de justicia es una tarea del Estado, el problema radica en poder garantizar un nivel mínimo de calidad y de formación ética de esta multiplicidad de nuevos profesionales del derecho, a quienes se le encomienda llevarla a cabo, sea como jueces o como litigantes. La solución -a mi juicio- no va por restringir la creación de facultades de Derecho, ni por buscar sistemas de acreditación de los estudios, o fiscalizar los sistemas de convalidación de ramos entre facultades. Basta aprovechar las experiencias aplicadas exitosamente en otros países.

Con una nueva legislación, que señale que para ejercer la profesión de abogado como juez o litigante en un lugar determinado será preciso rendir un examen habilitante, es posible solucionar tanto el nivel exigible de preparación como la formación ética del postulante. Es, por lo demás, lo que se está empezando a hacer en medicina, donde la Asociación de Facultades de Medicina ha organizado el examen médico nacional, cuyos resultados están empezando a ser determinantes para el futuro de los nuevos médicos chilenos.

La Corte Suprema o el Colegio de Abogados, o ambos, debieran estar facultados para diseñar tanto la forma y contenido como la institución que tome un examen de conocimientos, formación ética, destrezas y habilidades de quien aspire a transformarse en futuro abogado, dedicado a la magistratura o con atribuciones para patrocinar y representar a su cliente en los tribunales. No se pretende que la Corte Suprema examine a los postulantes, como alguien señaló, ni tampoco que lo haga el Colegio de la Orden si la filiación no es obligatoria, sino que ambos organismos -u otro que determine la ley- señalen las bases para elaborar un examen y decidan la institución encargada de tomarlo, al que obligatoriamente se deberá someter quien quiera ejercer como juez o litigante.

Ese examen incluso podría ser focalizado regionalmente, por cuanto las necesidades de asesoría legal o de resolución de conflictos no son iguales en Arica, Copiapó, Concepción o Magallanes. Así, en distintas partes del país funcionaría una comisión examinadora, debidamente facultada y con un examen objetivo, previamente estructurado, con una o dos fechas anuales preestablecidas, al que se someterían los licenciados en Derecho, cualquiera haya sido la universidad y el lugar en el que cursaron sus estudios superiores.

Y no se diga que esto atenta contra la libertad. En Estados Unidos, para ejercer la profesión de abogado en el estado de California, por ejemplo, el postulante debe previamente rendir un examen (el California Bar Examination,) independientemente de donde obtuvo su licenciatura en Derecho. Y un abogado habilitado para el ejercicio en el estado de Nueva York, por ejemplo, no por ello puede ejercer en el estado de California, ni viceversa, sin perjuicio de los exámenes diseñados para y aceptados por más de un estado (el Multiple Bar Examination, MBE).

También países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza o Italia aseguran la calidad profesional de los futuros abogados sometiendo a los postulantes a severos exámenes de conocimiento y práctica que los habiliten para el ejercicio de la abogacía.

Es lo que, seguramente, también tanto el Colegio de Abogados como la Corte Suprema habrán de concluir luego de los estudios a que se encuentran abocados.

Sandra dijo...

Ahhh (suspiro) la gente sigue pensando que estudiar derecho equivale a asegurarse un futuro económico estable, es decir "a tener pisto"... y luego, hay quienes estudian derecho porque es la única carrera, (eso dicen) en la que no tenés que estudiar matemática, jajaja, así de absurdas pero no por eso menos ciertas, en fin, saluditos para vos...