Penoso acuerdo

Alianzas políticas, a ellas hacen referencia diferentes notas periodísticas, opiniones, expresiones ciudadanas para explicar algunas de las recientes decisiones legislativas. Pero eso es tener memoria corta. Ya no se trata de encontrarle la novedad a algo a lo que nos hemos ¿acostumbrado? ¿conformado?. nosé



Hay que reconocer que parte de la gobernabilidad (la capacidad que se ha tenido para adoptar decisiones e implementar planes de gobierno) en la posguerra ha sido posible gracias a ésta alianza partidaria y natural que surge entre partidos que tienen una identificación ideológica común de derecha (ARENA, PCN Y PDC).


Además hay que señalar este tipo de acuerditos se justifican por la falta de entendimientos entre todas las fuerzas legislativas y aquí hay para repartir responsabilidades, la piñata alcanza.

Ahora bien, que un partido gobierne por alianzas no es el problema. Eso pasa hasta en las mejores familias, de hecho, los principales candidatos a la presidencia para las elecciones de 2009 (Avila y Funes) señalan que se necesitan alianzas con sectores y actores de la sociedad para poder ejercer gobierno si llegasen al poder. Se trata pues, del juego democrático.


El problema......


El problema surge cuando la negociación no es inclusiva, se vuelve clientelista, se sacrifica el Estado de Derecho y la credibilidad en el sistema político. Y eso es lo que esta sociedad no se debería permitir, porque es indigno. Si bien El Salvador lleva dieciséis años bajo una nueva institucionalidad democrática, la manera de hacer política ha continuado con los viejos vicios y piruetas.

No es casual que sean los partidos políticos –sin excepción— quienes gocen de la menor credibilidad ciudadana. Tal percepción mejoraría si se entendiera que les sería más rentable producir acuerdos que fortalezcan las instituciones y el funcionamiento de la democracia, más que repartirse las altas plazas de la República. La ciudadanía espera de los políticos decisiones de país, razonadas, apegadas a la ley. Si se falla en ese cometido, lo consecuente es el reclamo para no dejar pasar la arbitrariedad.


El mejor control, es el poder crítico y demandante de la ciudadanía. No obstante, pareciera que la ciudadanía salvadoreña está acostumbrada a tolerar a un Estado sin límites (soportar al Ministro de Salud, al de Trabajo y al Fiscal General ya nos coloca como los más tolerantes).



Al grano....


Recientemente la Asamblea Legislativa reeligió por un tercer período consecutivo al Doctor Hernán Contreras como Presidente de la Corte de Cuentas de la República. Contreras pertenece al Partido de Conciliación Nacional (PCN), mismo que lleva veinte años postulando a sus correligionarios a este cargo. Si bien existe un tango que reza que veinte años no es nada, tratándose del control de las cuentas públicas, dos décadas es demasiado para que un mismo actor político (entiéndase un mismo partido o alianza de partidos) lo monopolice. Tal permanencia hace honor al dicho popular que dice: la cuestión no es llegar, sino quedarse. Pero desde la perspectiva ciudadana el dicho debería indicar: la cuestión no es quedarse, sino ganárselo.



Existen algunas reacciones contra esta decisión, mismas que insisten en despartidizar el Estado, pero no cuentan con suficiente peso para trascender. Más allá de objetar –con justa razón-- que sea uno u otro partido el que controle a esta Corte de manera sucesiva, existe otra razón para escandalizarse con este estado de cosas.


Si bien es cierto, corresponde a los partidos políticos el monopolio de la postulación para optar a cargos populares, no es así con los cargos de segundo grado, aunque ellos los elijan en su calidad de legisladores. Y allí es donde se sacrifican los derechos ciudadanos. Pareciera que algunos diputados están convencidos que no existe obstáculo legal o ético que se les impida este proceder.



Sin embargo, tal apreciación es un desacierto. La Carta Magna señala la ciudadanía tiene el derecho de servir al Estado de conformidad con la ley. Por eso, el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa establece que los funcionarios de segundo grado –entre ellos el Presidente de la Corte de Cuentas de la República-- serán elegidos previa postulación y evaluación, de acuerdo con los requisitos y procedimientos de ley.


Además impone, a la Asamblea, la obligación de hacer público el inicio del proceso de elección de estos los funcionarios, con el firme propósito de recibir propuestas de candidatos, por lo menos sesenta días antes de que concluya el período de los funcionarios en el cargo. Las normas aludidas tienen como fin propiciar que el acceso a la función pública se apegue a los principios: mérito, capacidad, igualdad y publicidad.



No se necesita tener cuatro dedos de frente para comparar lo que las normas dicen con lo que días atrás sucedió en la Asamblea Legislativa al reelegir a Contreras. Mediante el método de la emboscada se concretaron los arreglos políticos, se sacrificó el acceso a la función pública de otros ciudadanos y se obstaculizó el ejercicio de rendición de "cuentas". Los políticos y sus partidos deben hacer esfuerzos para hacer que los ciudadanos se sientan más y mejor representados. Su supervivencia depende de ello. Si bien las alianzas son necesarias, gobernar correctamente lo es aún más y eso hay co rresponsabilidad.


Quienes no participaron de la decisión son protagonistas de la falta de acuerdos políticos cualitativos, condición que justifica la concreción de la alianza que hoy indigna. A eso se suma, la conformidad de esta sociedad...

así las cosas, ¿llegará el día que tengamos instituciones técnicas, modernas, eficientes, creíbles, veraces, eficaces, fuertes..........?(se me fue la vozz zzzzzzzz zzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzz )