jueves, mayo 22, 2008

La justicia empieza en casa


A esa conclusión llegaba un amigo tras platicar sobre el litigio internacional de protección de derechos humanos. Comentábamos casos y hablábamos que hay gente que ve como fin una demanda externa a su gobierno ante la OEA o la ONU; esto sucede después de recorrer callejones sin salida en los pasillos de diversas instancias.


Pero a veces no se repara que se trata de sistemas que tienen una lógica: actuar supletoriamente, en defecto "de".



Por eso, abogados y abogadas se empeñan en trabajar casos ante el sistema nacional de justicia y presionar para que la institucionalidad funcione. De hecho, el sistema de justicia internacional (el que sea) cuenta con determinados requisitos que responde a esta lógica: exige agotar los recursos internos, a saber, utilizar las instituciones nacionales y si estas no funcionan, entonces se accede. Hay màs requisitos, pero hoy reparo sólo en éste.



Por eso, es que mi amigo concluía "la justicia comienza en casa". Lastimosamente, el Estado salvadoreño no lo tiene claro. Hay gente que tras 15 o 20 años de buscarle modo a este sistema nacional, buscan afuera lo que adentro les niegan.



Me enteré que la Comisión Interámericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ha aceptado un nuevo caso contra El Salvador. La denuncia fue interpuesta por la Asociación Pro-Búsqueda en el 2003 y el motivo es presunta desaparición forzada de la niña Emelinda Lorena Hernández por una parte. Además demandan por la falta de investigación y reparación de ésa desaparición. ¿Si? no hubo justicia en casa.


La niña desapareció en diciembre de 1981 y se cree (se cree por la falta de investigaciòn no se afirma en términos legales) que fue el Ejército salvadoreño. El hecho sucedió el cantón La Joya, jurisdicción de Meanguera, en Morazán. Hubo en ese momento un operativo militar del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador y luego ya no se supo nada de la niña.


Cuando el caso fue notificado a nuestro gobierno éste afirmó que en El Salvador no existía práctica de desaparición o exterminio de menores por parte de las fuerzas armadas salvadoreñas; y que en todo caso, esos hechos no son su responsabilidad como Estado, pidió a la CIDH, no admitir la demanda, especialmente, alegó que las víctimas no agotaron recursos internos.



Este argumento es ilógico porque eso quiere decir que la justicia salvadoreña investigaría la desaparición forzada de una niña ocurrida en 1981, además ya se agotaron tales recursos y siempre te dicen que no se puede.



Hay más casos que tras la negativa o incapacidad de hacer justicia en casa, buscaron esta alternativa. Ya va siendo hora de repensar el asunto. Bastaría que el sistema de justicia nacional funcione.

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