Esteban Ortiz 
Vázquez está muerto.
Vázquez está muerto. Lo conocí en mi trabajo como abogada, se apareció en la oficina un 13 de junio de 2002 (así lo registré en el expediente). Él estaba molesto. Acababa de salir de la cárcel en donde estuvo encerrado injustamente por más de 30 días. Si observan la foto, la tristeza sus ojos lo dice todo.
Todo comenzó por una orden judicial de detención emitida por el Juzgado de Paz de Panchimalco contra un tal Esteban Ortiz Benito, alias el “picaflor”, por el delito de homicidio agravado. Según contó Esteban, los agentes policiales de la División Regional Metropolitana lo interceptaron en su trabajo y le pidieron amablemente que subiera a una patrulla y él como buen ciudadano que fue, atendió la orden.
No le dijeron para qué.
Cuando llegaron a la Delegación Centro de San Salvador le comunicaron que estaba “detenido” por haber matado a una persona. Esteban era humilde y respetuoso, pero no tonto, sacó su Cédula de Identidad Personal y les mostró su identidad, lógico o no?.
Pero los policías le insistieron que era él la persona prófuga de la justicia y por andar con una Cédula distinta, le agregaron otro delito: uso y tenencia de documentos falsos. Por si eso fuera poco la PNC lo presentaron ante los medios como “el picaflor” y luego fue enviado al centro penal “La Esperanza”.
La detención fue realizada por el Subjefe de capturas de la PNC, es decir el más capacitado en esa tarea. La orden judicial solicitaba la privación de libertad de un sujeto llamado Esteban Ortiz Benito, de 20 años, originario y residente en Panchimalco. Es decir otra persona, pero la falta de acuciosidad fue tal, que este Subjefe detuvo a un hombre de treinta y siete años, que residía en La Paz y que tenía un segundo apellido diferente. En lugar de verificar los datos personales a través del asiento de Cédula en la Alcaldía, el instruído policía acusó a Esteban de portar una identidad falsa.
Yo que creía haberlo visto todo, me sentí desconcertada.
Esteban quería demandar al Estado, por daños y perjuicios. El daño que un error como este puede causar es tal que Esteban cuando recuperó su libertad manifestó a un periódico (EDH): el daño que me han hecho es grande: ¿cómo le digo ahora a toda la gente que me conoce que soy inocente?
El caso de la indeminzación se quedó en la etapa de resolución en un tribunal de lo civil. Don Esteban nunca será resarcido por semejante arbitrariedad, pues fue injustamente asesinado el viernes veinte de enero de este año por desconocidos que le asestaron varios balazos y se dieron a la fuga. Entender un hecho tan grave -pero común- implica revisar cómo opera el sistema de justicia salvadoreño.
Esteban, al salir de la cárcel consiguió un trabajo como vigilante en una Gasolinera Shell, ubicada en la carretera de Comalapa. Paradójicamente era del cantón La Esperanza, ubicado en La Paz, que lejos de hacer honor a su nombre, es uno de los departamentos más violentos del país. Pero su muerte tiene relación con “otras negligencias”.
En marzo de 2004 un grupo de pandilleros atacó la casa de sus padres y hermanos, muriendo dos de ellos. La investigación de este hecho llevó a la Fiscalía General de la República a proponerlo como testigo “clave”. La vista pública por el asesinato de sus familiares estaba programada una semana después de su infame asesinato.
La FGR es la institución que le corresponde la dirección funcional del delito, pero sólo resuelve los asesinatos sobre la base del testimonio de familiares. la Fiscalía sabiendo su languidez aportó de forma anticipada la declaración de Esteban en ese juicio, así si algo pasaba, ya se había incorporado al proceso penal. Quizá la basta experiencia del FGR en el asesinato e intimidación de sus testigos les ha llevado a esta práctica, en lugar de garantizar su protección.
Esteban tenía que confirmar en la vista pública su declaración, pero sus asesinos lo callaron para siempre, querían evitar que hablara. Aquí falló triplemente la justicia, la policía y la fiscalía. Lo que le sucedió él, nos puede pasar a todos. Como imputados, víctimas y testigos estamos expuestos a la incapacidad, arbitrariedad, pero sobre todo a la impunidad.
La última vez que lo ví estaba parado en esa gasolinera, contento. Tenía tres mujeres, aunque no comparto semejante práctica, me preguntaba: ¿quién va a mantener a sus hijos? ¿qué pasará si estos pandilleros las quieren atacar por lo que también saben?
Por eso me entristece ver al Ejecutivo y a los jueces discutir de forma esteril sobre el programa de protección de testigos, ¿cúantos Estaban más tienen que haber para ponerse de acuerdo?
Comentarios
Saludos, Cortázar. Muy buen blog.
Tu informe muy profesional me ha entristecido mucho. Nuestra verdad debemos ponerla de frente. El problema es que los que planean este programa de proteccion a testigos, lo hacen por "ver que van a sacar $$$$",no por el servicio eficiente que deberia de dar al pais.
Cuando va a parar esto? esta es real injusticia, quien va a demandar a los "expertos" policias que cometieron este error?
Se necesita crear esos organismos o apoyar los que ya existen para que la justicia se haga realidad en este pais.
Gracias por el post, es un ejemplo de calidad periodistica.
saludes
Aldebarán: yo pasé meses sin palabras...
jnelson: Lo del programa de Protección tiene y tendrá cortapisas, por muchas razones: esta mal hecho, está politizado, no hay voluntad ni dinero en el fondo. Y los policías, la Inspectoría de la PNC no sirve!, mientras sigue la rueda de caballitos en los puestos de dirección policial.
Mariolinocopinol, hasta cuando? hasta que haya voluntad: más investigación y eficiencia policial y fiscal, más criterio "equilibrador de los jueces", más respeto por el ser humano.
Gracias por la visita