buen artículo

De Alvaro Darío Lara, me gusta por crítico y colocar una perspectiva en el tiempo.

http://www.contrapunto.com.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2391:noticias-de-el-salvador-contrapunto-breni-cuenca-mauricio-funes-estado-cultura&catid=90:miscelanea&Itemid=50

buenas y malas noticias

una madre y su hijo de doce años salen de su casa y se disponen ir a la escuela y de pronto, la muerte les llaga de la mano de unos desalmados que desde un vehículo les dispararon. El niño muere y la madre está hospitalizada. Mi niña tiene la edad de ese niño y me espanta tanto vivir en este país que parece maldito. Con esta muerte suman 21 estudiantes asesinados. Creo que debe ser terrible sobrevivirle a un hijo, se me retuerce el corazón sólo de pensarlo.

La muerte es natural y es un tránsito justo después de tener la vida. Pero que otro humano te la arrebate es injusto.

La buena nueva es que por fin se aprobó la ley de escuchas telefónicas y que se aprobó plata para sacar mas policías a las calles. Ahora hay que ver si --con esos recursos, cualitativo y cuantitativo-- se ponen las pilas.

ojalá!

¿transparencia, ética o los subterfugios legales?

Discutía hoy con un blogero el tema de las destituciones presidenciales más recientes y el "nuevo estilo de gobernar" de Mauricio Funes.

Toda persona debe ser escuchada previo a la limitación de un derecho, para el caso, el derecho al trabajo o bien, el derecho a acceder a un cargo público. Es cierto, pero esto tiene sus modalidades: en "teoría" a los empleados públicos se les debe seguir un proceso antes de retirarles del cargo, no así los funcionarios que están en cargos de confianza, ya que la base de la relación estriba en esa característica (confianza).

Los gobernantes requieren además de un margen de maniobra para manejar su gobierno y por ende esta categoría de gozar de la confianza del mandatario cae por su pero. De ahí que sea legal, la destitución de Breni Cuenca como Secretaria de Cultura.

Ahora bien, cuando se "finge" vivir en democracia, esto es, ese conjunto de reglas por medio de las cuales un grupo delega en una persona la gestión pública y éste a su vez debe rendir cuentas a sus representados, el asunto trasciende la esfera legal y pasa a ser un asunto ético y político.

Se trata de "dar cuentas" de ser transparente y justificar (cuando hay de verdad razones de peso) las decisiones.

Dado que mi perspectiva, personalísima, me obliga a combinar una visión de derechos y una visión de arte me conduce a plantear el asunto así:

La cartera de estado ligada a la cultura es muy significativa para la población pues la gente es titular del derecho a la cultura y el Estado está obligado a garantizar el acceso a esta por medio de bienes y servicios. Pero además las y los artistas (gestores) tienen el derecho de producir (y ofrecer a sus audiencias) cultura y arte y el Estado debe coordinar esfuerzos y facilitar espacios de desarrollo en este ámbito.

Así las cosas, si lo que está en juego es eso (derechos y obligaciones) el Presidente debe explicar su decisión y además enviar señales sobre el camino a recorrer en este ámbito. Es un imperativo ético.

Lo legal no siempre es justo y ético.

Secultura

Tras la destitución de Breni Cuenca como Secretaria de Cultura y la incertidumbre que esto genera frente a la gestión de cultura –como política de Estado— vale la pena hacer algunas consideraciones.

Una de las primeras decisiones del nuevo gobierno fue sustituir al antiguo Consejo Nacional de la Cultura y el Arte (CONCULTURA) adscrito al Ministerio de Educación, por una Secretaría de Cultura (SECULTURA). Según el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (reformado) las Secretarías del Presidencia son unidades de apoyo destinadas al servicio de la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. A esta nueva Secretaría le corresponde hacer la política cultural entre otras funciones relacionados con la gestión de la cultura y el arte salvadoreño. (ver art. 53 f)

Aunque muchos celebraron el cambio de rango, es decir, de una dependencia desconcentrada del MINED a una “centralizada” de la Presidencia, el diseño por el que se optó, una Secretaría, tiene sus implicaciones en un sistema presidencialista. Con esto hago referencia a que las Secretarías –por reglamento— están diseñadas a servir a la presidencia y tienen poca independencia de gestión, decisión. Son instancias asesoras y su carácter “rectora” en la materia no aparece muy clara.

El segundo hecho relevante --respecto del nuevo gobierno-- fue el retraso en el nombramiento del funcionario o funcionaria que ocuparía el cargo. Fue penosa la puesta en escena de una “consulta” realizada a los artistas en un hotel capitalino y que fue retratada de forma circense por el faro.net y que comenté en un post. Tras este espectáculo, Breni Cuenca fue nombrada y presentada públicamente por el Presidente como la nueva Secretaria de Cultura un mes después tarde (a finales de junio) resaltando su cualidades académicas y experiencia.

De junio a la fecha no vi “arrancar” cambio alguno de esta instancia y en parte lo adevertía Cuenca en otra entrevista pues la parte operativa y presupuesta en el nuevo diseño institucional (las secretarías de la presidencia) debía ajustarse y al parecer.... no pudieron ajustarse bien.

Tener una política de patrimonio cultural, administrar espacios creativos (como las casas de la cultura en los municipios), fomentar el arte y tener una línea de apoyo a los artistas (renta de teatro, patrocinio de producciones) entre otras cosas es una competencia de Estado que no siempre se ha tenido clara en los objetivos (desde las pasadas administraciones).

Es que por una parte, las naciones tienen a defender, fomentar y proteger su identidad (en rasgos y expresiones); la población tiende a ejercer su derecho a la cultura (consumir espectáculos, contar con teatros, museos) y quienes hacen arte esperan contar con espacios para desarrollar y ofrecer sus obras. Al Estado no le corresponde hacer arte, sino facilitar el proceso creativo en las dinámicas y tendencias apuntadas.

Hasta la fecha nada de eso está claro en la Secretaría de Cultura de la Presidencia y tras los cambios de la semana pasada, habrá que esperar más para ver cual será la conducción o giro que este gobierno pretende dar en este ámbito.

En estos días las empresas mediáticas y periodistas han levantado el debate sobre la “libre expresión” ante una posible interpretación que está en manos de la Corte Suprema de Justicia respecto a la crítica periodística (concuerdo que penalizar es un retroceso) y se usa como argumento legitimador del periodismo el hecho que, la ciudadanía se hace uso de su derecho a la libre expresión (acceso información y expresión de ideas) gracias al trabajo periodístico. Esto porque nos informamos y expresamos a través de estos mediadores de la palabra.

Algo así sucede con este tema. La población tiene el derecho a la cultura y para hacerlo efectivo el Estado facilita una parte, de ahí la importancia de las casas de la cultura en los territorios y que tienen un lugar muy significativo en la vida de las localidades. Y por otra parte, los gestores de cultura y los artistas requiren de dinámicas, espacios o vitrinas para mostrar lo que hacen. El Estado facilita estos requirimientos o los fomenta (mediante la política de administración de teatros, patrocinio de festivales, etc.)

El barco fantasma llamado Secultura, cuya tripulación va saltando al agua es importante para la población y para los artistas. Hay una agenda pendiente que no se concreta y que no debe estar al servicio de una presidencia sino de la población. Cuando la ambiguedad se ofrece como explicación florecen las conjeturas. Si bien, es legal que un Presidente alegue falta de confianza para destituir a los funcionarios de confianza, no es ética la falta de transparencia sobre las razones de la destitución. Ojalá y esas conjeturas no tengan razón, pues de ser así la cultura y el arte deberán esperar otro cambio y mas tiempo...

y entonces?

"Argentina desea preguntar si el Estado salvadoreño contempla iniciar una reflexión interna respecto del mantenimiento o derogación de la ''Ley de Aministía General para la Consolidación de la Paz'', a fin de poder juzgar los presuntos crímenes de lesa humanidad cometido durante el conflicto", ha requerido la delegación argentina durante el debate del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de derechos humanos de la ONU.

"Todas las recomendaciones, inquietudes, comentarios, los trasladaremos de la manera más franca a nuestro gobierno (...) para que de manera oficial pueda expresarse en su debido momento", precisó a petición de la AFP el viceministro Castañeda sobre el pedido argentino, al concluir el EPU, al que deben someterse todos los Estados miembros de la ONU para una evaluación general de los derechos humanos.

Gran Bretaña alentó por su parte a El Salvador a demostrar "un compromiso para resolver los asuntos legales pendientes de la guerra civil tales como la impunidad, investigar casos de desaparición forzada y garantizar el derecho de justicia para todas las víctimas", un enfrentamiento que causó 100.000 muertos y numerosos desaparecidos.

La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay, encargada de elevar por escrito las opiniones de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el EPU, recogió en su informe elementos sobre la Ley de Amnistía y la impunidad en El Salvador.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana de San Salvador (ICTJ-IDHUCA), estimaron que la mentada ley "impedía que las víctimas acudieran a los tribunales para exigir justicia y reparación", transcribió Pillay.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH), agregó "su preocupación por la impunidad de la gran mayoría de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado, lo que se debía principalmente a la vigencia de dicha ley", citó también Pillay.

Según las normas del EPU, el gobierno salvadoreño debería definirse dentro de dos días, cuando la ONU presente públicamente un informe escrito sobre lo debatido, ocasión donde tendría que decir si acepta, rechaza o posterga referirse a las recomendaciones que le hayan manifestado los países que participaron en el EPU.

tomado de acá