jueves, junio 14, 2007

Indubio pro funcionario

indubio pro reo: En la duda, a favor del reo
indubio pro operario: En caso de duda, a favor del obrero
(principios de interpretación de la ley)

Una de las cosas más débiles en El Salvador es el Estado de Derecho, es decir, el cumplimiento de las leyes, de procedimientos a los que se someten ciudadanos comunes y corrientes, así como los funcionarios más corrientes que comunes. En definitiva, este atributo del sistema político viene a ser el cumplimiento exacto y justo de las normas que regulan y limitan el poder y la vida civil.

A veces me pregunto si ¿es por cultura que procedemos o buscamos la forma de evadir la ley? A mi ya me han solicitado asesorías en ese sentido y me cae en gracia y claro, hay abogados muy creativos que diseñan verdaderas hazañas para saltar olímpicamente las normas que nos rigen. En cosas culturales, el derecho poco puede hacer, y si se le suma lo político peor.

Adam Przeworski, es politólogo transicionalista (análisis de la transición y consolidación de la democracia), y cuando cayó en la cuenta que es muy difícil para la ciencia establecer barómetros sobre la consolidación democrática prefirió usar esta frase: the only game in twon”. Es decir, la democracia es el conjunto de reglas validas para la gobernanza, si los actores políticos no las cuestionan, las respetan y se someten a ella, pues ya se puede hablar de algún nivel de consolidación.


Personalmente, la teoría de Przeworski me parece útil, aunque es una discusión sin fin y muy cuestionada. Pero es útil para observar actitudes de actores políticos. Y además creo que uno de los síntomas de la buena calidad democrática debe ser la existencia de un Estado de Derecho, estricto cumplimiento de las leyes y el sometimiento de todos sin privilegios. Que cada acción oficial que se realice y tenga consecuencias legales, sean asumidas por los responsables.

Considero que la producción legislativa es un tanto mala, aunque se que hay buenos esfuerzos para superarlo, pero no se puede negar que hay un constante cambio de leyes (o artículos) a veces para corregir errores técnicos o aprobaciones apresuradas. Dado que la legislatura es un órgano eminentemente político, decir que sus decisiones están politizadas es lo lógico, por naturaleza. Esto a pesar que en el “ideario” constitucional se diga que los diputados se deben a nosotros sus representados.


Si ellos ponen sus reglas, ¿porqué entonces ellos mismos las evaden o las violan?

Yo soy temerosa de dos cosas: de Dios y de la ley. Trato de respetar (a veces no me pongo el cinturón al manejar) las normas, las conozco y espero que los demás hagan lo mismo. Por eso me cuesta entender cómo funciona esto en la práctica. Lógico quizá porque los humanos buscamos cómo hacer trampa (¿me diría Hobbies?). Pero lo inaudito es que las leyes deban hacerse e interpretarse a partir de un “indubio pro funcionario” (en caso de duda interprétese a favor del funcionario).


De ahí que pueda entender los absurdos: que en el Tribunal Supremo Electoral exista una magistratura inconstitucional (Magistrado Moreno Niños del PCN); que el presidente Saca hiciera campaña a favor de su partido en las elecciones de 2006, a pesar que la Constitución se lo prohibía; que el ex Ministro de Obras públicas ejecute proyectos sobre planos y permisos no brindados o ilegales y después, se disculpe... o mejor... ¡no! ...renuncie... Estos casos se debatieron públicamente y a todos se les encontró una argucia increíble.


En el plano judicial, la “judicialización de la política” es una aspiración aún lejana. Rara vez, se logran condenas en casos de corrupción, cohecho, abuso, etc. Cuando los imputados son empleados o funcionarios. Aunque sucede, poco eso sí y me consta también. Por ejemplo, este año se condenó a Valentín Castro y su concejo municipal, por desobedecer una orden judicial. Me parece un buen ejemplo para los demás que desde el Estado se creen inmunes.

Analizando el éxito

Ahora el turno fue para el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz quien fue procesado por motivos similares a Castro, pero éste concilió en la Cámara de lo Penal de Santa Tecla. El Alcalde hizo uso de su derecho, pues la ley le permite conciliar. Lo que no me gusta es que en estos casos, el pago va por nuestra cuenta (específicamente, cuenta de los tecleños) y no por cuenta del funcionario que transgredió la ley, ¿porqué?


Pagará con fondos municipales $9,000, su desobediencia a una orden de reinstalo del Tribunal del Servicio Civil, a partir de un despido ilegal. Así con la conciliación se extingue la acusación penal contra él. Según la nota del periódico esa alcaldía tiene una cuenta para indemnizaciones, cosa mas rara, o sea que eso pasa a cada rato o qué?

Yo creo además que habría que preguntarle a Ortiz ¿por qué no concilió desde el principio, quizá varios miles menos hubiese tenido que pagar, incluyendo el costo que la justicia le dedicó a ese caso.

Puede ponerse en tela de juicio esta frase de Ortiz a la salida de la conciliación “Esta es una muestra de que nosotros como alcaldía somos muy respetuosos con las órdenes del sistema judicial”. Si fuera respetuoso, hubiese obedecido al Tribunal del Servicio Civil, quizá no creyó que tal actitud tuviera más consecuencias. Con la denuncia penal, que es más grave la consecuencia es más seria, de ser condenado no podría ser candidato en las próximas elecciones así que viva! viva! ... lo mejor era “respetar al sistema judicial”. Por haber esperado hasta el último momento, por hacer que el pueblo tecleño responda con su dinero esa necedad arbitraria, Ortiz es como los demás, como Saca, como David Gutierrez y como el resto.


Lastimosamente, there are some many ames in twon.

¿que hacer?

Modificar la Constitución, el art. 17 de la Constitución, se quedó corto:

“Ningún Órgano, funcionario o autoridad, podrá avocarse causas pendientes, ni abrir juicios o procedimientos fenecidos. En caso de revisión en materia penal el Estado indemnizará conforme a la Ley a las víctimas de los errores judiciales debidamente comprobados.

Habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia. La Ley establecerá la responsabilidad directa del funcionario y subsidiariamente la del Estado.”

La subsidiaridad de Estado debe ser la excepción y la regla sea que cada funcionario pague sus errores de su plata y sólo cuando no pueda el Estado asuma. Y esto debe aplicar para todos los casos, no sólo por “retardación de justicia”.
¡que galan!

Claro, estoy clara que quienes pueden modificar esto, no lo harían si están pensando con sus bolsillos.

http://laprensagrafica.com/gransansalvador/801015.asp

4 comentarios:

Anónimo dijo...

El problema que planteas es muy complejo. Atañe ,por un lado, a la sociología del derecho y ,por otro, a la ética y a las orientaciones de valor. Sin caer en alarmismos, creo que nos hayamos instalados en una especie de crisis moral que afecta a los ciudadanos y a las instituciones. Las leyes las cumple quien no tiene más remedio, quien no tiene capacidad monetaria ni influencia política para eludirlas.

Tú lo has dicho: puede ser un patrón cultural. El salvadoreño se ufana de ser vivo, de no ser maje. Si es el último y se puede colocar al principio de la cola, lo intenta. Si tiene que seguir un procedimiento administrativo y puede abreviarlo con dinero, lo intenta.Él o ella no son majes.

Esa cultura pone mucho dinero en circulación que afecta el funcionamiento de los organismos judiciales. Hay una economía política detrás: el funcionario del juzgado complementa su salario con pequeños ingresos que proceden de pagos que le hace el "coyote" por pequeños favores.Esa erosión de la "formalidad" y el "procedimiento" ya introduce a la ley en mercado de las transacciones, El dinero que compra lo que en teoría no puede comprarse nos da una imagen del poder que tiene el dinero en nuestra cultura.

El coyote es un simbolo de nuestra sociedad y sólo puede explicarse como una relación social.

Así como se compra al pequeño funcionario, se puede comprar a un juez de alto rango. Lo que varía es el precio: una embajada, por ejemplo.

Talvéz generalizo, pero algunas interpretaciones poco fundamentadas de la ley ya no se sabe que explicación darles.

En lo que dices de Ortíz, te doy la razón. Si hablamos de patrones culturales, lo más probable es que una izquierda en el poder tenga una actitud frente a la ley bastante parecida a la de la derecha.

Un abrazo Ixquic y felicitaciones por tu blog.

Ixquic* dijo...

Anónimo, leyéndote me doy cuenta que tocas un punto que me cuesta plantear. Este rollo de las normas, como orientaciones éticas; y la conducta práctica del ser humano, como orientación de intereses, conveniencias, anhelos (justo e injustos)es un desajuste

Eso me desconcierta y es la crisis de siempre, entre tener ideales pero jamás dejar de ver las cosas como son realmente y preguntarme ¿porqué son así?

Me gustó eso de la economía política, ciertamente en los ochenta, había una figura descarada en los juzgados: "los sacadores" (esto lo he leído en un informe de FUSADES, y me lo han contado) que eran los que cobraban para "llegar a la voluntad del juez". ese es el coyote del órgano judicial. No puedo asegurar cuanto pasa, sólo he sabido de un par de casos en los que abogados cobran ese plus.

también la figura esta de "El compadrazgo" que Segundo Montes estudió. Los compadres se ayudan, se dan trabajo entre sí etc. allí tienes el problema de nepotismo, clientelismo...

En política eso se llama elegantemente: "incentivos".

Hay gente que te pide pisto descaradamente, a un compañero de trabajo le pedía un empleado de la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán dinero extra para agilizar un trámite, él estaba ofendido.

gracias por el comentario,

Ixquic*

Anónimo dijo...

Volviendo al tema. Te dije que el coyote era una relación social y lo es porque si no hubiera una demanda permanente de sus servicios, el coyote no existiría.

El sería el elemento más visible de una red y esa red se sostendría a lo largo del tiempo porque hay en juego "intereses" y una actitud que trata de someter los tiempos de la ley y la ley misma a esos "intereses".

Trás el coyote hay toda una serie de valores que "amenazan" la autonomía de la ley y sus procedimientos.

Un abogado, en El Salvador, si quiere vivir bien, y no sólo sobrevivir, tiene que tener contactos o una pequeña red de intermediarios que se los faciliten.

Hay muchos abogados en El Salvador que llevan un coyote dentro. Y su mismo entorno los presiona para que asuman ese rol. Un abogado que no tiene algo de coyote es un maje incluso para su propia familia.

La nuestra es una cultura bastante jodida. Ella explica, en parte, la debibilidad de nuestras instituciones. Podemos hacer leyes, reformas institucionales, pero si no cambiamos nuestros valores, como quería Masferrer, todo eso será únicamente letra muerta.

Ixquic* dijo...

"y una actitud que trata de someter los tiempos de la ley y la ley misma a esos "intereses".

Trás el coyote hay toda una serie de valores que "amenazan" la autonomía de la ley y sus procedimientos."

Mas claro, no hay.

Eso lo he visto con la CSJ. Recuerdas tu cuando en el "inter in" Flores y Saca, se vencía la temporalidad de la ley antimaras?

como había un recurso de inconstitucionalidad, que la CSJ nunca resolvía y allí era obvioooo que era inconstitucional. La Corte esperó que venciera el plazo (la vegencia de la ley) y de inmediato la declaró inconstitucional
y ya para qué?

allí tenes toda la matanza de 2005 en las cárles y un montón qu esoltaron por estar bajo esa ley inútil.

Y luego entra Saca con la mesa limpia.

ayyy que cultura más linda!
indubio pro Saca.

(Grrrrrrrrrrrrrrrr)

Claro que tras esto se amenaza la autonomía de la norma,

Saludos!