Es triste que nuestro país -o su gobierno- deje ir oportunidades a causa de temores o concepciones erradas sobre los derechos laborales. La Unión Europea ha dicho que El Salvador no gozará de SGP-Plus y si no se ratifican los Convenios de la OIT 87 y 98.
Para hacerlo el gobierno salvadoreño tuvo más de un año. Primero formó una comisión especial para que analizara el tema (CONADEL). Esta ilustre comisión dictaminó que debía reformarse la Constitución y después hacer las ratificaciones. Hasta ahí alcanzó la bonanza oficial. Tras finalizar el período legislativo anterior, en el que se debieron meter esas reformas, pareciera que la firma y ratificación de los convenios se posterga hasta el 2009. Por lo tanto el país, deberá resignarse a quedarse fuera del beneficio.
Pero ¿es necesario reformar la Constitución o se trata de una argucia por los temores que tiene un gobierno empresarial de ARENA? ¿se trata de una cultura anti sindical?
Pero ¿es necesario reformar la Constitución o se trata de una argucia por los temores que tiene un gobierno empresarial de ARENA? ¿se trata de una cultura anti sindical?
Basta con recordar cómo trata el Estado a sus empleados: destituciones, supresión de plaza, privatización y despidos municipales... si esa es la conducta patronal, es entendible la postura oficial.
Sin embargo, la Constitución de la República debe ser interpretada de forma integral, es decir, como un todo y bajo este parámetro se debe estudiar los artículos pertinentes al caso.
Los argumentos que ha señalado el Gobierno sobre la necesidad de reformarse la Constitución y evitar la ratificación son los siguientes:
- Interpretación “restringida” del Art. 47 que sólo contempla el derecho de asociación y/o sindicalización a patronos y trabajadores privados y a empleados de Instituciones Oficiales Autónomas. En consecuencia se alega la necesidad de hacer la reforma constitucional de la disposición. Y el art. 221 que prohibe el derecho a huelga a empleados públicos.
- Que el Estado y sus dependencias no tienen poder de negociación de contratos colectivos por ser la Asamblea la que aprueba el presupuesto de la nación. (no hay libre disposición de bienes)
- Se corre el riesgo que policías y miembros de la Fuerza Armada se vayan a huelga y pongan el peligro de la gobernabilidad del país.
Algunas consideraciones para destruir esas argumentaciones:
1. El Salvador esta obligado, por el hecho de pertenecer y haber sido miembro fundador y signatario de constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a cumplir con todos los Convenios que la organización emita, ya sea que estos hayan sido ratificados o no por su ordenamiento jurídico interno. Esta carta es fuente de derecho internacional.
2. Los sindicatos no sólo hacen huelgas. El Art. 221 de la Constitución establece que “Se prohíbe la huelga de los trabajadores públicos y municipales, lo mismo que el abandono colectivo de sus cargos”. Por su parte, el Código de Trabajo declara en el Art. 229 como objeto de los sindicatos, la defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros. Sus funciones, atribuciones y facultades son determinadas por sus estatutos, dentro del respeto a la Ley y la Constitución. No establece entonces como principal objetivo del sindicato la realización de huelgas, mucho menos en el sector público. Se entiende que el partido de gobierno, únicamente se enfoca en esa posibilidad. La ratificación de los Convenios debe hacerse, pero no será aplicable en las partes en las que choca con el art. 221 (prohibición de huelga), pues la Constitución tiene aplicación preferente.
3. La interpretación del Art. 47 debe relacionarse e interpretarse a la luz y concordancia con el Art. 7 también de la Constitución, que reconoce el derecho de asociación para todos los habitantes, es decir, ni siquiera hace diferencias entre nacionales y extranjeros. Por eso, la aprobación de estos Convenios puede realizarse sin reformar la Carta Magna, ya que admiten una interpretación conforme a ésta (art. 7).
5. Finalmente y con respecto al Convenio 98 de la OIT, el cual se refiere a la negociación colectiva en el sector público, el art. 489 del Código de Trabajo enumera las diversas etapas que deben de agotarse antes de que un sindicato o confederación de sindicatos realice una huelga. Estas son: trato directo, conciliación, arbitraje y finalmente la huelga o paro. Lo anterior permitiría a las autoridades evitar por medio de las sucesivas etapas evitar el abandono de las labores en el sector.
6. Sobre el riesgo que se corre con PNC y FA tanto el convenio 87 y 98 establecen que cada país establecerá hasta qué punto se aplicarán las fuerzas armadas y a la policía las garantías señaladas.
7. En la actualidad el ISSS aunque es una autónoma, es Estado y ha logrado negociar contratos colectivos. Es la Asamblea la que luego aprueba su presupuesto, es decir que tampoco goza de esa libertad de disposición de bienes. Quizá deba pensarse en cómo desarrollar la aplicación de estos tratados en la ley secundaria para evitar desorden.
Los argumentos que ha señalado el Gobierno sobre la necesidad de reformarse la Constitución y evitar la ratificación son los siguientes:
- Interpretación “restringida” del Art. 47 que sólo contempla el derecho de asociación y/o sindicalización a patronos y trabajadores privados y a empleados de Instituciones Oficiales Autónomas. En consecuencia se alega la necesidad de hacer la reforma constitucional de la disposición. Y el art. 221 que prohibe el derecho a huelga a empleados públicos.
- Que el Estado y sus dependencias no tienen poder de negociación de contratos colectivos por ser la Asamblea la que aprueba el presupuesto de la nación. (no hay libre disposición de bienes)
- Se corre el riesgo que policías y miembros de la Fuerza Armada se vayan a huelga y pongan el peligro de la gobernabilidad del país.
Algunas consideraciones para destruir esas argumentaciones:
1. El Salvador esta obligado, por el hecho de pertenecer y haber sido miembro fundador y signatario de constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a cumplir con todos los Convenios que la organización emita, ya sea que estos hayan sido ratificados o no por su ordenamiento jurídico interno. Esta carta es fuente de derecho internacional.
2. Los sindicatos no sólo hacen huelgas. El Art. 221 de la Constitución establece que “Se prohíbe la huelga de los trabajadores públicos y municipales, lo mismo que el abandono colectivo de sus cargos”. Por su parte, el Código de Trabajo declara en el Art. 229 como objeto de los sindicatos, la defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros. Sus funciones, atribuciones y facultades son determinadas por sus estatutos, dentro del respeto a la Ley y la Constitución. No establece entonces como principal objetivo del sindicato la realización de huelgas, mucho menos en el sector público. Se entiende que el partido de gobierno, únicamente se enfoca en esa posibilidad. La ratificación de los Convenios debe hacerse, pero no será aplicable en las partes en las que choca con el art. 221 (prohibición de huelga), pues la Constitución tiene aplicación preferente.
3. La interpretación del Art. 47 debe relacionarse e interpretarse a la luz y concordancia con el Art. 7 también de la Constitución, que reconoce el derecho de asociación para todos los habitantes, es decir, ni siquiera hace diferencias entre nacionales y extranjeros. Por eso, la aprobación de estos Convenios puede realizarse sin reformar la Carta Magna, ya que admiten una interpretación conforme a ésta (art. 7).
5. Finalmente y con respecto al Convenio 98 de la OIT, el cual se refiere a la negociación colectiva en el sector público, el art. 489 del Código de Trabajo enumera las diversas etapas que deben de agotarse antes de que un sindicato o confederación de sindicatos realice una huelga. Estas son: trato directo, conciliación, arbitraje y finalmente la huelga o paro. Lo anterior permitiría a las autoridades evitar por medio de las sucesivas etapas evitar el abandono de las labores en el sector.
6. Sobre el riesgo que se corre con PNC y FA tanto el convenio 87 y 98 establecen que cada país establecerá hasta qué punto se aplicarán las fuerzas armadas y a la policía las garantías señaladas.
7. En la actualidad el ISSS aunque es una autónoma, es Estado y ha logrado negociar contratos colectivos. Es la Asamblea la que luego aprueba su presupuesto, es decir que tampoco goza de esa libertad de disposición de bienes. Quizá deba pensarse en cómo desarrollar la aplicación de estos tratados en la ley secundaria para evitar desorden.
Comentarios
Dos puntos importantes:
1. ¿Es la inacción el producto de temores de ARENA, como lo ponés vos? ¿Qué hizo el FMLN para mover esto hacia adelante? ¿El PCN? ¿La DC? Si nadie hizo nada, parece curioso echarle el muerto a ARENA en particular.
2. ¿Porqué han de hacer falta los sindicatos estatales, en una democracia? ¿No son los sindicatos, por definición, defensores del trabajador ante los abusos del patrono? ¿Y si el patrono es el pueblo?
La experiencia en EEUU y Europa es que, como los sindicatos gubernamentales están aislados de las presiones competitivas, terminan siendo 'rent-seekers' que no son más que parásitos que se chupan excesivamente los impuestos del pueblo.
Los sindicatos están haciendo quebrar a Fiat, Alitalia y General Motors; y también al gobierno italiano y al gobierno gringo: la diferencia es que Fiat, Alitalia, y General Motors van a desaparecer, sin crear un colapso social.
Cuando la gente se dé cuenta que Italia y EEUU han quebrado por culpa de sus respectivos sindicatos gubernamentales... entonces será demasiado tarde, y el rechinar y crujir de dientes tendrán severas consecuencias, no sólo para esos países, sino para Occidente en general.
No cometamos el mismo error.
No había visto tu comentario y por eso lo contesto hasta hoy.
1. ¿Porqué responsabilizar sólo a ARENA? Las decisiciones políticas se toman por mayoría. El gobierno, no la tiene en estricto sentido (mayoría legislativa). Pero, la ha construído (PDC y PCN) siempre que algo REALMENTE le interesa. y en este caso, El ejecutivo No se movió. Además estos tratados para ratificarse primero deben firmarse y Saca aún no lo hace, entonces -al menos- formalmente, eso debe venir empujado por ARENA.
Lo de la cultura antisindical, no lo puedo probar. Pero los temores pueden fundamentarse por lo que ha estado pasando en Nicaragua con los sindicatos de los hospitales públicos y el choque con el gobierno, y porque ese tema siempre despierta resquemor: es que sus argumentos no tienen base y eso significa que no quieren.
2. Lo que me reclamas sobre la oposición. Si tiene responsabilidad, pero no la principal, cómo ya te dije, mientras el ejecutivo no lo firme y lo presente a la Asamblea pues allí queda la cosa. Pero rescataré algo más:
- tenemos una oposición muy oportunista, que vive de eso: ser oposición. El PNC, espera incentivos para ir viviéndo de la política, son un importante apoyo para ARENA, yo diría para la toma de decisiones, pero actúan bajo el "cálculo-beneficio". El PDC de PArker, es igual, muy a su estilo. ARENA les da muchos incentivos porque de otra forma no podría gobernar. En este tema, han sido muy cautelosos, (o no saben qué hacer o decir y no lo asumieron con responsabilidad)
El CD, es más propositivo, pero limitado en fuerza legislativa (tamaño) y nada pasa por ellos.
El FMLN. creo que son una oposición irresponsable = promete lo que sabe que no podrá cumplir (según: Geovanni Sartori). Ellos creen ser oposición responsable, pero no ofrecen posibildad de negociación, y ante su imposibilidad de tomar decisiones por sí, adoptan posiciones sólo para poner en evidencia a ARENA, pero no abonan siempre al bienestar general. En este punto: se quedaron cortos también a pesar de su relación con sindicatos.
3. SINDICATOS. Dios! son defensores de los intereses de los trabajadores, sí. y yo quiero creer que es posible que funcionen así frente a un patrón (ESTADO y PUEBLO).
Me indigna cómo el FMLN vota de las alcaldía a la gente de ARENA y vice versa, por eso deben tener alguien que les defienda de esos abusos. creo firmemente que el Estado debe deshacerse de esos burócatas estatales que trabajan mal siempre que se respeten un debido proceso. y en eso se debe enmarcar lo de 87 y 98. El goberno debía adoptar una legislación para delimitarlo y que la cosa no se salga del cause.
"No cometamos el msmo error". Claro, y eso debe comenzar por cambiar la cultura antisindical de los patronos, pero principalmente de los mismos sindicatos: conozco de casos de corrupción de ellos ( dirigentes) hay muchos seudosindicalistas que viven de eso. El FMLN arruinó a estas estructuras cuando las politizó y ahora algunos son organizaciones políticas y no laborales: ESO SE DEBE CAMBIAR PARA NO COMETER EL MISMO ERROR.
Agradezco tus preguntas y tu reflexión.