Un Golpe al Estado de Derecho

Este mediodía –a propuesta del PCN— diputados de GANA, PDC y ARENA aprobaron este decreto en el que hacen una reforma “transitoria” a la Ley Orgánica Judicial. Según el decreto, se trata sólo de una tarea de homologar la forma en la que se toman las decisiones en las Salas de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido el cambio radica en que hasta hoy, al menos la sala de lo constitucional para emitir una sentencia sólo requiere de que la mayoría de los 5 magistrados se pongan de acuerdo, pero de ser sancionada esta reforma, ahora la sala sólo sentenciará si hay unanimidad. Frente a esto hay que señalar porqué es este decreto una aberración jurídica:

Razones políticas

Uno de los pilares esenciales del sistema político (y del régimen) democrático es el balance del poder, que no implica una competencia para ver “quien manda” o “quien tiene la última palabra”; si no más bien se trata una disuasión o control frente al abuso de poder: saber que si un órgano obra abusivamente esto es potencial o realmente corregible por el otro. Es por eso, que colocar “mordazas” puede implicar un desajuste a ese balance establecido por la constitución en el diseño del sistema político.

El juego democrático, implica siempre mucha incertidumbre: no sabemos que pasará en una elección o bien, no sabemos a favor de quién la justicia fallará. Sea como sea, aceptar las reglas del juego, implica entre otras cosas aceptar ambos resultados.

La reforma a la Ley Orgánica Judicial que hoy se aprobó, tiene a la base la necesidad de los partidos políticos u otros interesados de poder tener mayor “certidumbre” sobre las decisiones que la Sala –actual— de lo Constitucional está adoptando en la medida que les ha afectado en los chanchuyos legales a los que están habituados así como su tradicional forma de legislar con una mala técnica legislativa, sin temer ningún control y sobre todo, legislar a favor de sus propios intereses. El cambio con la nueva Sala, en que se observa ¡por fin! Independencia y un verdadero ejercicio de control constitucional es lo que hoy genera afectación a sus particulares intereses (veamos el impacto en lo electoral por citar un ejemplo).

Razones Jurídicas

A juzgar por la “forma” y el texto de la reforma voy a referirme a dos elementos: la independencia judicial como principio y la transitoriedad de una ley o decreto.

La independencia judicial (art. 172 Cn) implica que los magistrados y jueces deben ser independientes para asegurar la pureza de los criterios técnicos y que se sometan únicamente al derecho y no respondan a la política. Esta independencia debe ser ante a los otros Órganos estatales, frente a los poderes sociales y frente a las propias partes. Además se atenta contra el art. 3 de la Carta Democràtica Interamericana de la OEA

La Transitoriedad de un decreto, se debe a una situación de necesidad, emergencia o bien para corregir temporalmente una situación que deba ser enmendada. ¿Cuál es la necesidad de emitir transitoriamente un decreto de esta naturaleza? A base de la razón, ninguna. A base de la conveniencia, amarrar la independencia con la que ejercen algunos jueces de la actual Sala de Constitucional. Y es obvio, el decreto termina su vigencia, justo cuando hay cambio de Sala. Esto parece un fraude de Ley, es decir, usar una figura legal (transitoriedad) que es válida en determinadas circunstancias para fines distintos para los que ha sido creada.

El Estado de derecho es en suma el respeto a las reglas de juego y esto es respetar la incertidumbre de los resultados de los procesos democráticos: a veces se gana y a veces se pierde. Hay dos poderes que suelen inclinar esa balanza a favor o en contra generalmente con sabiduría: los jueces cuando son independientes y el pueblo cuando vota.

Es obvio que este decretos quiebra y rompe esta lógica y por ende deben ser desechados del sistema de normas. Ojalá Funes lo vete porque esto es un fraude y es mas dañino para nuestra pequeña democracia.

La "judicialización" de la política implica someter al verdadero control las decisiones que se adoptan en el Ejecutivo y Legislativo. Eso es sano. Pero en El Salvador, tenemos la politización de la Justicia como anhelo. Por eso no avanzamos.

*mejor me voy a clases de danza...tal vez así me saco la cólera

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