En estos días El Salvador se muestra adicto a todo lo que huele a “joven”. La décimo octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno es la oportunidad política para que el Estado salvadoreño se muestre como abanderado de la juventud ante esta plataforma multilateral.
Previo a la llegada de los presidentes y jefes de Estado, este proceso ha implicado la celebración de una serie de actos precumbre en los que se ha recogido –en teoría— los insumos para la celebración final. Es por ello que meses atrás hubo reuniones ministeriales de salud, educación, cultura, niñez etc. La última será el Foro Cívico. Todo esto tiene como finalidad recoger el material para dos productos concretos:
- Definir el contenido de la declaración que firmarán los presidentes
- Definir el Plan de acción (con plata para proyectos de los Estado) que aprobarán los jefes de gobierno.
Sin embargo, ha podido observarse que en la práctica hay un espacio paralelo compuesto por funcionarios de las cancillerías de los países que los que al final de cuentas negocian este plan y declaración, lo demás ha sido puro protocolo.
En esta ocasión hay un tercer punto de debate que la plataforma de Estados Iberoamericanos han evadido, aunque surgió de su seno; se trata de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.
El Presidente de la República ya sentó públicamente su posición. Lastimosamente no lo hizo dialogando con los legítimamente interesados, a saber, los jóvenes de este país. Lo hizo dialogando con un cura jerarca de una de las iglesias de este país: “No hemos firmado ningún compromiso internacional como país que en primer lugar atente contra la familia (...) no hemos firmado ningún convenio que riña con la Constitución de la República”, dijo, respondiendo a los reproches de Monseñor Saenz Lacalle. La teoría política asegura que los estados modernos se caracterizan por la secularización del poder, juzgue Ud. el anacronismo en el que vivimos.
La cosa no paró allí. La Ministra de Relaciones Exteriores, Marisol Argueta de Barillas, dijo que la Convención “tiene incompatibilidades con nuestra Constitución y con la moral que es aceptable para la sociedad salvadoreña”. En conclusión nuestro gobierno opone razones legales y morales para no firmar un compromiso que le ayudará a trabajar por los derechos humanos de la juventud. Los atarrayazos morales son imposiciones sujetivas que van contra el espíritu de una sociedad pluralista y democrática. En cuanto a las objeciones legales, es un asunto debatible porque existen salidas jurídicas prácticas y sensatas.
Los reparos constitucionales son dos: La Convención prohíbe la pena de muerte para los jóvenes y otorga el derecho de objeción de conciencia del servicio militar obligatorio. La Constitución de la República establece la pena de muerte para casos por leyes militares durante estado de guerra internacional (art. 27 Cn) y establece el servicio militar obligatorio para las personas entre los 18 y 30 años de edad (art. 215Cn) . Es esta la aparente contradicción y por eso Elías Saca dice “no la firmaré”.
Se le olvidó al Presidente que existe la posibilidad de firmar esta Convención haciendo las dos reservas[1] correspondientes. Por otra parte, el Gobierno no es capaz de caer en la cuenta de que se trata de artículos que han caído en desuso legal, no se aplican en la actualidad, ergo, no afecta a la entrada en vigencia de la Convención para los jóvenes salvadoreños. Esto quizá suceda porque en el fondo son las razones morales las verdaderamente pesan en este asunto.
México se prepara para firmarla con la reserva de no reconocer el derecho de objeción de conciencia porque desean mantener el servicio militar obligatorio. Costa Rica, la ratificó pero estableció como reserva o declaración interpretativa que cuando se reconoce el derecho a la libre elección de pareja se entiende que el matrimonio implica la unión de hombre y mujer. Si estos países lo están manejando así ¿porqué El Salvador, país sede de la Cumbre, no?
Los jefes de Estado se mantienen en la cumbre, la juventud a penas observa desde la llanura, sabiendo que es jodido ser jóven hoy.
[1] El Derecho Internacional ofrece salidas jurídicas que permiten a los Estados adecuar un tratado internacional a su legislación interna. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobada el 23 de mayo de 1969 y complementada en 1978 y 1986, es el instrumento que rige a los tratados internacionales y en virtud de cual un Estado puede hacer una reserva o declaración unilateral, al momento de firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherir al mismo, por la cual entiende excluirse o darle alguna interpretación determinada a una o varias
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