Desde inicios de este siglo, en la cañada Victoria del barrio La Teja, Uruguay aparecieron niños con plombemia (plomo en la sangre). Los afectados se movilizaron y presionaron a lasinstatancias del Estado para que actuara con diligencia.
Cuando estos casos salieron a la luz, las instituciones correspondientes se hicieron cargo, pero bajo la presión. Por ejemplo, los afectados interpusieron un amparo he inmediatamente el Ministerio de Salud (2001) habilitó una policlínica en un hospital para atender especialmente a estos niños (ver).También se les administró asistencia alimentaria para reducir efectos del plomo (pero fue insuficiente), según leí. Además, las autoridades acudieron a la OMS, y les enviaron un técnico en toxicología del más alto nivel internacional -el profesor Da Silva, de Brasil- quien se supone analizó la acción estatal en el caso (no encontré resultados) y si ésto cumplió con estándares internacionales.
Laspersonas de la comunidad pedían cosas muy concretas: atención inmediata y correcta de los niños contaminados, saber cuáles son las fuentes contaminantes, los niveles de plomo existentes, qué medidas fueron tomadas para eliminarlos, y si realmente esas eran las únicas fuentes contaminantes (se habló de tres fundiciones y de la Cañada Victoria) o es posible que existan otras.
Para eso hicieron movilizaciones el el día mundial del medio ambiente, instalaron carpas y demandaban ser visitados allí por los funcionarios. No se pasó después en este caso, Leí que el asentamiento "Rodolfo Rincón", en La Teja aún existe y que la demanda de amparo fue desestimada...
PERO....hoy alguien me envió noticias.
Recientemente, una Juez emitió una sentencia de condena al Estado por tener responsabilidad en el caso de un niño que en el 2000 tenía 55 microgramos de plomo por decilitro en sangre. Tal como lo hemos aprendido aquí a partir de un caso (Record) ya sabemos que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo tolerable son 10 microgramos por decilitro.
El caso es individual pero eso no le resta importancia. Este fallo --de daños y perjucios-- es de 2006 y en él se dispuso que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Intendencia de Montevideo le paguen $ 60 mil al niño y $ 50 mil a su madre. Pero esas instancias apelaron y el caso está en pausa. Según un nota, el objeto de fondo del fallo no es si estas instancias condenadas actuaron bien o mal, una vez los casos se descubrieron. no! es aún más interesante. La juez analizó si estas instancias fueron capaces de advertir o prevenir el problema y de ahí la condena. ver nota
Esto me parece lógico. Cuando existen controles efectivos debe haber más de una oportunidad (si, más de una) en que ya sea por la vía ambiental, sanitaria/laboral, control en la salud de comunidad, que estos problemas tendrían que haberse hecho evidentes, debían salir. Eso es lo que me parace que en este paísito no se comprende. La ciudadanía le debe dar importancia al rol del Estado.
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