Entre los años 1978 y 1983, en Guatemala, se violaron derechos humanos en el marco de la ejecución de planes militares denominados "Victoria 82", "Plan Sofía", "Operaciones Ixil" y "Plan Firmeza 83". En realidad se habla de genocidio y se sospecha que estos documentos tienen información valiosa que incrimine a Rafael Ríos Montt y a otros militares y ex funcionarios.
Tras una denuncia hecha por Rigoberta Menchú en 1999 ante un juez de la Audiencia Nacional de España (jueces que tienen competencia en estos casos por reconocimiento de la jurisdicción universal) el juez español, Santiago Pedraz, solicitó al juez segundo de instancia penal de Guatemala, le brindara copias de esos documentos. También ordenó el juzgador que se pusieran en prisión preventiva a los imputados. En realidad sólo hay dos detenidos, el resto cuenta con el amparo de las estrategias legales de sus abogados. La defensa de Ríos Montt interpuso un amparo para evitar que esos documentos fueran entregados y como típico militar de estos rincones esgrimió que se trata de "secretos de Estado". Pero una sala de apelaciones ordenó al Ministro de Defensa que desclasifique esos documentos y se los entregue al Juez español y no amparó a esos señores.
Cuando alguien utiliza recursos para dilatar un proceso (sabiendo que no va a ganar sólo retrasar y sacar provecho); cuando se hace uso de factores externos o ajenos a un proceso para influir en el proceso penal, se califica como "litigio malicioso". Los militares guatemaltecos se han caracterizado por eso, y algunos aquí también.
A pesar esa denuncia, Ríos Mont fue inscrito como candidato a diputado para las próximas elecciones, con eso el impune militar está buscando su inmunidad hasta el 2012, si gana algún curul.
Ahora bien, me alegra que la justicia resuelva como corresponde, pero que las cosas ciertamente vayan por buen camino.... no lo sé. La fiscalía ha dicho que no puede garantizar la integridad física de los archivos y es una buena razón para preocuparse. También me pareció muy oportuna la reacción de Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack: “Ahora vamos a ver qué tan defensor del estado de Derecho es el Ministerio de la Defensa, ya que está obligado a acatar la resolución judicial y entregar en perfecto estado los archivos" Claro, en una democracia UN MILITAR ES OBEDIENTE DE LA AUTORIDAD CIVIL. (El señor Otto Romero, Ministro de Defensa de El Salvador, debe tomar nota)
Entre otras cosas, me parece genial que esta resolución ponga al descubierto una necesaria discusión: la secretividad militar o el secreto de estado. Según el defensor --pagado por el Ministerio de la Defensa de Guatemala-- si el Ejército entrega esos planes pone en peligro la seguridad pública y del Estado, y deben seguir resguardados como "alto secreto". Uno de los magistrados de la Sala preguntó “Si los hechos fueron en 1982, ¿por qué continúan dentro de la clasificación de secreto de Estado? Pero ellos no se movieron, es secreto y no deben ser desclasificados.
Creo que sí hay cosas que se deben manejar como secretos de estado, pero jamás utilizar esa etiqueta para obstruir la justicia, el terrorismo de Estado no se puede manejar como secreto.
El caso Mack, Gerardi y las investigaciones de algunas masacres han abierto camino en ese país, aunque se utilizaron los caminos de la justicia interamericana (OEA), ahora se intenta la vía de la jurisdicción universal y allí va caminando la esperanza,
fuente: http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20070720/13234.asp
http://www.prensalibre.com/pl/2007/julio/21/177711.html
http://www.elperiodico.com.gt/es/20070719/opinion/41726/
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