Malos políticos, malos comunicadores

Sin duda esta ha sido la semana de la confusión. Por primera vez siento que cuanto más leo, menos entiendo, menos confío. Todo este rollo del combustible es de difícil asimilación para el ciudadano común (hasta vi algún entrevistador hecho bolas). Por eso me agradó leer algunas opiniones y explicaciones que algunos bloggers han publicado en sus bitácoras. Por una parte existe un mercado de distribución y comercialización de petróleo que sus defensores han presentado como un modelo conveniente (y lo han documentado), y por otro lado Saca se lanza a generar dudas y expectativas en este tema, sabiendo lo sensible que es para todos. Lo más sano hubiese sido no ver tele, ni leer noticias (¡cómo envidio a mi hija!)

¿Qué lectura hacer?
(...)

He escuchado algunas cosas que vale la pena comentar. Por una parte son tres instituciones las que –en el marco de sus competencias- deben ser la “luz” de este embuste. Todas son del ejecutivo y difícilmente lleguen a conclusiones contundentes después de la nube de polvo que se ha levantado con tantas opiniones. Con ésta dinámica obviamente el FLMN debe saber sacar su raja, pues como saben que las cosas ni se aclararán ni cambiarán, al menos se colocarán frente a los confusos cómo los abanderados de la causa y señalarán las alternativas que en planes electorales ya han insistido: comprar a Venezuela el combustible (aunque como dice alguien por ahí, el mismo Chávez conspira en el mercado internacional).

Para los que creen que la legislatura hará algo les cuento.

Hice una investigación sobre el funcionamiento de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa (Art. 131, Cn. Num. 32), como medio para ejercer el control político al ejecutivo. Se trata de crear comisiones no permanentes, ad hoc, con el objeto de esclarecer determinados hechos que revisten de singular gravedad. Suelen contar con la colaboración de la administración pública, pueden citar a funcionarios, exigir documentos, recabar informes, realizar visitas a las instituciones y finalmente presentan un informes o dictámenes y lo someten al pleno.

Estudié 9 años (1994-2003), revisé todos y cada uno de los expedientes que documentaron esta competencia parlamentaria y es para reírse. El 80% de comisiones no hacen nada! Pasa el tiempo y cuando dictaminan es para decir que ya no tienen razón de existir y que se “archiva el caso”, es decir, es puro show. El colmo, hay algunas que nunca dictaminaron (verbigracia, investigar grupos armados irregulares en Berlín y estudio relaciones obreros patronales en zonas francas, ambas de 1994). Otras, de verdad, versan sobre temas que no sé cómo calificar.

Quizá los diputados no han sabido utilizar esta potestad, aunque he observado que en el último período están haciendo más dictámenes, pero tendría que documentarlo, por ellos no metería las manos al fuego.

En realidad estas comisiones podrían constituir un medio para hacer cosas positivas. Es una facultad constitucional y una verdadera arma para cualquier oposición. Pero tiene grandes defectos, sólo pueden emitir “recomendables” y finalmente al ejecutivo eso si que le vale y como no, si jurídicamente no pueden imponer al ejecutivo obediencia a estos dictámenes.
Fue por eso que dejé de pensar “jurídicamente” y comencé a pensar desde la política burda, esto es, casi un juego de ajedrez. ¿porqué una asamblea (y dentro de ella la oposición) estaría interesada en crear comisiones fútiles? Por el simple y sencillo “criterio de oportunidad” lo que implica que el control político será puesto en marcha según la conveniencia de quienes lo impulsan y es usado para desgastar públicamente al adversario o enviar mensajes a la ciudadanía, populismo legislativo. Eso me alivió el dilema.

Sin embargo, hubo un caso realmente rescatable. Se trató de investigar consorcio SIGET y CTE (vean el expediente 962-5-2001) por posibles negligencias que afectaban a los usuarios del servicio telefónico. Esta comisión la impulsó sabiamente gente del FMLN (hoy son del FDR). Recuérdese, la normativa de esta privatización estableció ciertas reglas y un contrato en el que se prohibía el monopolio.

Si recuerdan la Asociación Nacional de Telecomunicaciones fue vendida a la empresa CTE, para entonces una de las razones que planteó el gobierno para esta privatización fue la desarticulación del monopolio del servicio telefónico por parte del Estado y la necesidad de promover la competencia. Con la investigación realizada por esta Comisión se demostró que en la práctica esta empresa contaba con más del 90% de mercado de telefonía fija y que la Superintendencia de Telecomunicaciones no había ejercido los controles necesarios frente a los abusos a los consumidores. En ese sentido, las recomendaciones hechas por la Comisión y adoptadas por el Pleno hicieron reformar las leyes que regulan esta materia (para corregir ese monopolio). Asimismo, se le recomendó al Ejecutivo mediante la Superintendencia de telecomunicaciones asumir y reforzar sus tareas de control.

Este es el único caso en el que hubo trabajo de las distintas fracciones, el PCN se sumó y por eso se logró reformar la ley. El recomendable seguramente le debió ser indiferente al gobierno. La oposición se anotó un gol, pues con “hechos” demostró cómo el gobierno es incapaz de ser el vigilante del mercado libre (de sus reglas). Quizá la ciudadanía ni cuenta se dio de esto.

Sería una ilusa si creyera que tal experiencia sería repetible o imitable ahora, el combustible es otra cosa, mueve intereses varios y se cuenta con la ventaja de la confusión, la ignorancia y la desidia. Aprendí mucho, especialmente a entender las lógicas que revisten el que hacer parlamentario.
*tengo sueño y uní dos fotos quedó chistoso