Los números no son para políticos

Simple, leo en el periódico la brillante idea de Figueroa y su amigo, Saca, de financiar la seguridad cargando el consumo de celulares. Esta es una ocurrencia que responde a la recomendación hecha de destinar más fondos a la seguridad.

Según una nota de EDH, el Ejecutivo dice que ha optado por hacer este nuevo cargo porque es un servicio opcional que lo utiliza aquel que pueda pagarlo y así no se afecta la canasta básica. También dijo Saca que al revivir al Ministerio de Justicia se le dará "contundencia" a los esfuerzos y Figueroa aclaró que le quitará presupuesto a la PNC para que su nuevo trabajito tenga recursos y se hará un préstamo. Ya está, viviré en un mejor país en el futuro.

Este reciclado funcionario apeló ayer a la creatividad para conseguir recursos. Vaya que sus ideas ya dan cuenta de la escasez que sufre. Peor aún, señaló que un buen salvadoreño no se opondría a hacer un préstamo para la tranquilidad.

Hablaré por mí, soy salvadoreña, madre de familia, pago impuestos, tengo un celular, tengo especial interés en que este país mejore sus indicadores de criminalidad, y aprendí a sumar, restar, dividir y multiplicar en el colegio.

Si El Salvador es un país que no tiene mayores recursos para ejecutar políticas o programas, para satisfacer demandas ciudadanas, para prestar servicios necesarios, validos y justificados; es obvio que la manera más justa de administrar los fondos públicos será sobre la base de la priorización, eficiencia y ética.

Entonces, como ciudadana estoy dispuesta a pagar impuestos y exigir que sean bien gastados, aún cuando no regresen directamente a mí o a mi hija. Por eso encuentro humillante leer hoy el periódico. Yo no soy un ser humano inteligente y brillante. Soy tan común y corriente, desde esa calidad me doy cuenta que me quieren ver la cara.

Lo resumo así:

Hace unos días el FMLN, ARENA y PCN aprobaron un decreto para prorrogar la emisión del Documento Único de Identidad (DUI). Ésta decisión política lleva implícito el incumplimiento contractual del Estado con la empresa que emite el documento (DOCUSAL), es decir, lesiona un derecho a un particular que es la empresa.

El derecho administrativo que es la rama que regula las relaciones entre estado y ciudadanos (estado visto como administración pública) incluidas las relaciones contractuales, establece las obligaciones de indemnización o medidas de compensación a quien resulte agravado por una decisión unilateral, como en este caso.

La empresa ganaría exitosamente ese caso en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.

Ayer, en la Asamblea la presidenta del RNPN (registro de personas...) comunicó a los diputados la decisión de indemnizar a DOCUSAL. No adelantó monto, pero baste con imaginar lo que el "lucro cesante" y quizá daño emergente significará en un negocio como este. Estamos hablando de suspender la emisión de tres millones y medio (o más) documentos. Vaya inversión!

Aunque algunos diputados criticaron, otros no dijeron nada. Lo cierto es que esa obligación aunque no guste es legal y legítima. Y es una consecuencia directa de una decisión política de suspender la emisión de los documentos personales. En otras palabras con semejante idea lesionaron el interés general, el mío y el suyo. El estado pagará con mi dinero el daño que le causó a una empresa.

Ellos lo decidieron así por simple cálculo electoral, para garantizar la existencia de consumidores de sus

ofertas huecas.

¿Ahora me van venir a decir que no hay dinero para la seguridad? Y que además de lo que ya pago para seguridad pública y privada tengo que pagar más. Si ellos me han afectado a mí sólo por sacar raja política! ¿Soy yo la mala salvadoreña? ¿soy poco solidaria con las víctimas del crimen por eso?

Que se vayan mil.............. mil veces al diablo.